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Se sancionó la polémica ley de apps de delivery

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el jueves 16 de junio la ley que regula la actividad de los repartidores y mensajeros de las aplicaciones de delivery como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

Los repartidores de dichas aplicaciones se movilizan en reclamo de sus derechos laborales desde hace varios meses, ya que consideran que las aplicaciones precarizan la forma de trabajo.

La nueva ley fija que los repartidores deben estar habilitados y contar con un seguro. Prohibe el sistema de incentivos y castigos a los trabajadores por parte de la empresa.

La norma define tres actores claves con responsabilidades, obligaciones y sanciones definidas: el prestador de servicios, es decir la empresa tradicional que comercializa el servicio; los repartidores y mensajeros y las aplicaciones, como intermediarias del proceso. 

Al definir a las aplicaciones como intermediarias, la ley recibió críticas desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que nuclea a los trabajadores, ya que el proyecto aprobado habilita a las aplicaciones como intermediarias de oferta y demanda y las exime del cumplimiento de toda normativa laboral y tributaria. 

Respecto a las plataformas y a los prestadores de servicio, el proyecto original incorporó algunas propuestas del bloque opositor del Frente de Todos (FdT), entre ellas obligar a las empresas a que garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria y, también, la obligación de contratar, a su exclusivo cargo, seguro de vida, responsabilidad civil y de accidentes personales para los repartidores.
Para estar habilitados, los repartidores deberán estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), y acreditar no poseer infracciones de tránsito.

Durante el debate los repartidores reclamaron en la puerta de la legislatura para intentar frenar la ley, ya que consideran que les fija más obligaciones y no los ampara ante las empresas. Pero a lo largo de la sesión se dieron de baja algunos puntos que eran rechazados por los trabajadores, como el requisito de acreditar la nacionalidad o residencia definitiva, y la constitución del domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, a su favor, se incluyó la obligación de las plataformas y prestadoras del servicio de entregar a los repartidores elementos de seguridad vial y de higiene (sobre todo durante la pandemia), como cascos, barbijos y alcohol y en gel.

La ley implica modificaciones al código de tránsito y transporte porteño y está centrada principalmente en la seguridad vial y en eliminar el sistema de incentivos de las empresas, por considerar que “incitan a los repartidores a inclumplir con las normas de transito”. El tema no es menor: desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, murieron seis repartidores de diferentes apps en accidentes de tránsito. 

Desde Rappi dijeron “reforzamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo de forma responsable con el cuidado y bienestar de los repartidores”. También destacaron “la importancia de regulaciones modernas que fomenten el crecimiento de la industria tecnológica, promuevan el acceso a nuevas fuentes de ingreso para miles de personas y comercios locales, colaborando así con la reactivación del consumo y economía del país.”

La norma también fue bien vista por Uber Eats al decir que “La Ciudad de Buenos Aires dio un paso muy importante en materia de incorporación tecnológica y reconocimiento del rol que juegan las plataformas en el futuro de la ciudad. Vamos a ver en detalle el texto aprobado y aguardar la reglamentación, pero en Uber estamos convencidos de que las regulaciones modernas están en la dirección que debemos seguir”, destacó Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur.

Como ya sabemos, los envíos por las aplicaciones de delivery viven un fuerte crecimiento ante el aislamiento social, pero los comercios acusan a las aplicaciones de aprovecharse de ellos frente a las altas comisiones que les cobran.

Desde que comenzó la cuarentena, los supermercados duplicaron su volumen para compras de abastecimiento,y los de farmacia aumentaron casi 80%, explican desde Glovo. La demanda de pedidos creció un 60% en el horario de la cena y en la franja de la tarde, cerca de 20%.

Sin embargo, junto con el incremento de su adopción emergieron una serie de demandas y reclamos, tanto de usuarios como de comerciantes. Las quejas se centran en el uso de cláusulas abusivas en relación a las comisiones que cobran estas apps, sobre todo a los pequeños comerciantes que no tienen el volumen de ventas ni la cantidad de locales para negociar en igualdad de condiciones.

Eduardo Perret, dueño de Selena Kitchen and Coffee Bar, señala a que cuando las apps comenzaron a operar, las comisiones eran del 10% o 15%. Ahora, además de haberlas incrementado, cobran adicionales para posicionar a los comercios dentro de la plataforma y el valor de todo el combo termina siendo excesivo.

Las aplicaciones manejan una escala de comisiones que varía del 15 al 40% según el tamaño del comercio. Así, una cadena de comida rápida podrá negociar un porcentaje menor siempre que pueda asegurar una mayor demanda, mientras que el pequeño comercio termina pagando entre el 30% y 40% de cada venta.

“Actualmente, el ticket promedio de un usuario ronda los $700 porque desde que comenzó el aislamiento muchas marcas promovieron combos para compartir”, explican desde Glovo.

En Rappi coinciden en señalar que la tarifa por las ventas generadas varía de acuerdo al tipo de producto que ofrecen los comercios o la cantidad de sucursales y que las comisiones que cobran no son el margen de utilidad percibido por la compañía. “Al distribuir las ganancias por cada venta realizada entre los repartidores y los comercios, Rappi percibe un porcentaje que es menos de la mitad por cada ticket”

Juan Manuel Ottaviano colaborador del CETyD (Unsam) y abogado asesor de trabajadores de  la Asociación de Personal de Plataformas (APP) explica que “Las plataformas funcionan aparentemente como si sólo fueran una app y tuvieran una existencia únicamente virtual, pero esconden la verdadera prestación del servicio”,  subraya que ellas: “Descargan toda su responsabilidad sobre usuarios, comercios y trabajadores con cláusulas que las eximen de toda responsabilidad, como si solo fuera una aplicación digital, cuando en realidad son empresas prestadoras de servicios de venta y reparto”. 

En su visión, cada costo de la operación recae en:

  • Los comercios, que asumen los gastos de provisión
  • Los consumidores, quienes se hacen cargo del envío
  • Los repartidores, que afrontan los gastos inherentes al trabajo, como el plan del celular, el arreglo del mantenimiento, seguro, vacaciones, licencias, etc.

Y agrega que durante la pandemia el debate que surgió ronda la siguiente pregunta: ¿cuál es la responsabilidad que tienen estas plataformas frente a usuarios, trabajadores y proveedores en función de la actividad económica que efectivamente realizan?

Si bien no hay datos ciertos, se estima que las apps cuentan con unos 30.000 repartidores activos en la Argentina. Rappi cuenta con unos 10.000 y Glovo unos 8.000. Desde Uber Eats y PedidosYa no precisaron un numero. En muchos casos, una misma persona está inscripta en más de una app para hacer delivery. 

Fuente: El CronistaiProUP

Impulsan la regulación de los trabajadores de aplicaciones

Enviará un proyecto de ley con alcance sobre al menos 60 mil trabajadores que se desempeñan en la actualidad en las plataformas digitales.

El Gobierno impulsará una regulación del trabajo en aplicaciones informáticas de reparto de mercaderías mediante una normativa específica. A través de un proyecto de ley que presentará el oficialismo en las próximas semanas, tendrá alcance sobre al menos 60 mil trabajadores que se desempeñan en la actualidad en cuatro plataformas digitales. Para ellos se promoverá la creación de un estatuto nuevo por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con mecanismos propios de definición de la jornada laboral, cobertura de salud, seguros e indemnización.

Foto: pacopac

La iniciativa estará centrada en proteger a los repartidores de PedidosYa, Glovo, Rappi y UberEats que trabajan bajo modalidades precarias de contratación vía Monotributo, pero sin vinculación con empleadores y carentes de derechos elementales como cobertura de salud, vacaciones o indemnización por despido. A la vez encuadrará a las compañías trasnacionales, que operan en un limbo jurídico, como empleadores sujetos a obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas.

El proyecto fue encargado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni a un reducido grupo de abogados laboralistas que lo asesoran y será girado esta misma semana a algunos de los sectores involucrados. Entre ellos están los gremios que aspiran a representar a los trabajadores y los directivos de las compañías, entre otros, para después enviarlo al Congreso para su tratamiento. 

La característica distintiva de otras actividades sujetas a la LCT será la distribución de la jornada laboral a cargo del repartidor. El Gobierno eligió equiparar el rubro a otros regidos por estatutos específicos como el trabajo agrario, el personal doméstico o la construcción.

La diferenciación con la normativa preexistente es clave: desde lo conceptual, la LCT representa el piso mínimo de derechos laborales y cualquier estatuto por fuera de ese encuadramiento representa una perforación de esa base, una legislación a la baja. Los defensores de su instrumentación alegan que en los hechos la ausencia de una reglamentación termina por operar a favor de la informalidad y la carencia de derechos.

Foto: Felipe Balduino en Pexels

El gobierno buscará ampliar la cobertura para los repartidores aunque evitará nominarlos como trabajadores en relación de dependencia para disponer modalidades distintas de las habituales para la contratación, remuneración y desvinculación del personal involucrado. También tomará distancia de la propuesta del Gobierno de Mauricio Macri, que había postulado crear la figura de “trabajador autónomo económicamente dependiente” para desligarlo legalmente de las empresas contratistas.

Entre las especificidades de la actividad figura no sólo la laxitud de horarios a cargo del propio asalariado, sino la posibilidad de emplearse con más de una aplicación al mismo tiempo. La nueva legislación también deberá contemplar la discontinuidad laboral que consagra la simple operación de deslogueo y logueo propia de un dispositivo digital.

Además, la reglamentación de la actividad tendrá impacto en la eventual sindicalización de los trabajadores. A fines de 2018 irrumpió en el escenario laboral la Asociación del Personal de Plataformas (APP) como el primer gremio en la Argentina y la región con la pretensión de representar a los repartidores. En febrero del año siguiente PedidosYa bloqueó el acceso a la aplicación a unos 450 trabajadores en una suerte de despido masivo de nueva generación.

En las antípodas ideológicas de APP hay otro gremio preexistente, la Asociación de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), que nuclea a motoqueros y cuyo accionar estuvo más orientado al cierre de las aplicaciones. Sus directivos avalaron un fallo del juez porteño Roberto Gallardo que en agosto pasado ordenó suspender las actividades y bloqueó el funcionamiento de Glovo, Rappi y PedidosYa por entender que la labor de sus repartidores incumplía los requisitos mínimos de seguridad vial.

Entre los autores del proyecto reconocen que compendio de derechos laborales para los repartidores será menor al de la LCT, pero al menos les dará cobertura de salud, para la labor cotidiana y frente al despido, al tiempo que resultará más costoso para las empresas, que hasta ahora reniegan de cualquier ligazón laboral y les cobran por el uso de la aplicación a los trabajadores, a los comercios y también a los usuarios. 

Fuente: iproup.com